Resumen caso Elortondo

caso del ortondo. Por una ley se autorizó la expropiación de terrenos para la construcción de la avenida de Mayo, entre la plaza de Mayo hasta la calle Entre Ríos. La mencionada ley no sólo autorizada la expropiación de terrenos para la construcción de los 30 metros de ancho que ocupaba la avenida, sino que autorizaba expropiar todos los terrenos afectados. Es decir que si estaban afectados parcialmente, se autorizaba la expropiación de la totalidad con el fin de que la municipalidad vendiera el sobrante. La demandada se opuso a que su terreno fuera expropiado en toda su extensión. Porque no estaba obligada si no venderlo en la proporción de necesaria para la construcción de la avenida de Mayo y sostuvo que si las leyes de expropiación permitían municipalidad expropiara todos los terrenos afectados más allá de los 30 metros para después vender el resto Serían inconstitucionales porque no hay razones de utilidad pública sino sólo la de permitir un lucro a la municipalidad. Así la demandada planteó la inconstitucionalidad indirecta, subsidiariamente primero requirió la interpretación de las leyes de expropiación y en segundo lugar sostuvo que cierta interpretación que le había afectado era inconstitucional. Resolución y fundamentos. La corte dice que si bien el legislativo es el encargado de calificar la utilidad pública, al hacerlo no puede vulnerar el derecho constitucional a la propiedad privada y a esto se refiere el artículo 28 de la Constitución Nacional en cuanto que los principios garantías y derechos reconocidos en sus anteriores artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamente en su ejercicio. En este caso la corte dice que cuando se expropia no se puede ir más allá de lo requerido para la obra porque de lo contrario se estaría vulnerando el derecho constitucional a la propiedad privada. También es un caso de control judicial de oficio. La calificación de utilidad pública, aunque corresponda en congreso, no puede hacer vulnerando derechos constitucionales como es el de la propiedad privada. Por lo tanto cuando se vulneran este tipo de derechos aunque sea por otro de los poderes estatales la corte es competente para ejercer el control de Constitución al día.