
La Jurisdicción Especial para la Paz (Jeb) está investigando un caso (02) en el departamento de Narino, centrado en violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1990 y 2016. Las comunidades afectadas incluyen pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTQ+, quienes han denunciado violencia por parte de exintegrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros relacionados. Este caso incluye 2.524 hechos documentados, con testimonios de más de 5.000 familias campesinas y organizaciones LGBTQ+. Es un hito histórico, ya que es la primera vez que un tribunal internacional recibe denuncias sobre violencia contra comunidades LGBTQ+ en un conflicto armado. Además, la Contraloría de la República reveló que más de 159 hallazgos evidencian el desvío ilegal de más de 2.000 millones de pesos destinados a educación, agua y saneamiento, que fueron utilizados para financiar la guerra. La Jeb busca ofrecer verdad, justicia y combatir la impunidad, con apoyo financiero de la Unión Europea. Este proceso representa un paso fundamental hacia el reconocimiento y reparación de las víctimas en zonas afectadas por el conflicto armado.