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¿En qué consiste el macrocaso 02 de la JEP?

from Grandes casos de la JEP

2m 40s

¿En qué consiste el macrocaso 02 de la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (Jeb) está investigando un caso (02) en el departamento de Narino, centrado en violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1990 y 2016. Las comunidades afectadas incluyen pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTQ+, quienes han denunciado violencia por parte de exintegrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros relacionados. Este caso incluye 2.524 hechos documentados, con testimonios de más de 5.000 familias campesinas y organizaciones LGBTQ+. Es un hito histórico, ya que es la primera vez que un tribunal internacional recibe denuncias sobre violencia contra comunidades LGBTQ+ en un conflicto armado. Además, la Contraloría de la República reveló que más de 159 hallazgos evidencian el desvío ilegal de más de 2.000 millones de pesos destinados a educación, agua y saneamiento, que fueron utilizados para financiar la guerra. La Jeb busca ofrecer verdad, justicia y combatir la impunidad, con apoyo financiero de la Unión Europea. Este proceso representa un paso fundamental hacia el reconocimiento y reparación de las víctimas en zonas afectadas por el conflicto armado.

Transcription

320 Words, 2042 Characters

Spanish
Bienvenidos al especial digital de los grandes casos de la Jeb. Así, estamos encontrando la verdad que el país necesita. Jurisdicción Especial para la Paz. La misión del caso 02 es responder a las demandas de justicia y verdad que recraman las comunidades de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en el Departamento de Narino. La Jeb priorizó en este territorio las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas contra pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGT. ¿A quién investiga la Jeb en el caso 02? Investiga a exintegrantes de las extintas FARC, a miembro de la Fuerza Pública y a terceros similes. ¿Qué está investigando la Jeb? Investiga 2.524 hechos cometidos contra la población civil entre 1990 y 2016. ¿Quiénes se han acreditado en este caso? Entre las víctimas acreditadas hay miembros de consejos comunitarios, afrocolombianos, resguardos y cabildos indígenas, así como organizaciones indígenas y grupos de víctimas de la población LGT. ¿Qué información ha tenido en cuenta la Jeb? Ha tenido en cuenta informes entregados por 5.000 familias campesinas y por organizaciones LGT.Y como caribe afirmativo y colombia divisa. A propósito, es la primera vez en el mundo que un tribunal de justicia recibe informes sobre casos de violencia contra comunidades LGT.Y. dentro de un conflicto armado. Por otra parte, la Contralovía General de la República entregó a la sala de reconocimiento de la Jeb un informe sobre el uso ilegal de recursos públicos en el conflicto armado. Por ejemplo, hay más de 159 hallazgos que comprometen esos recursos por más de 2.000 millones de pesos que fueron desviados directa o indirectamente para la guerra. Cuando estaban destinados para educación, saneamiento básico y agua potable. La jurisdicción especial para la paz trabaja para ofrecer verdad, justicia y luchar contra la impunidad. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea para apoyar las labores de la jurisdicción especial para la paz.

Podcast Summary

Key Points:

  1. La Jurisdicción Especial para la Paz investiga 2.524 hechos de violencia contra la población civil entre 1990 y 2016 en el departamento de Narino.
  2. Las comunidades afectadas incluyen pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTQ+.
  3. La investigación abarca a exintegrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros similes.
  4. Se han registrado 5.000 informes de familias campesinas y organizaciones LGBTQ+ como parte de la evidencia.
  5. Es la primera vez que un tribunal internacional recibe denuncias sobre violencia contra comunidades LGBTQ+ en un conflicto armado.
  6. La Contraloría detectó más de 159 hallazgos de desvío de recursos públicos por más de 2.000 millones de pesos.
  7. Los fondos desviados fueron destinados a la guerra en lugar de usos sociales como educación, agua y saneamiento.
  8. El caso forma parte de un proyecto financiado por la Unión Europea con el objetivo de garantizar justicia y verdad.

Summary:

La Jurisdicción Especial para la Paz (Jeb) está investigando un caso (02) en el departamento de Narino, centrado en violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1990 y 2016. Las comunidades afectadas incluyen pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTQ+, quienes han denunciado violencia por parte de exintegrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros relacionados. 000 familias campesinas y organizaciones LGBTQ+.

Es un hito histórico, ya que es la primera vez que un tribunal internacional recibe denuncias sobre violencia contra comunidades LGBTQ+ en un conflicto armado. 000 millones de pesos destinados a educación, agua y saneamiento, que fueron utilizados para financiar la guerra. La Jeb busca ofrecer verdad, justicia y combatir la impunidad, con apoyo financiero de la Unión Europea.

Este proceso representa un paso fundamental hacia el reconocimiento y reparación de las víctimas en zonas afectadas por el conflicto armado.

FAQs

Investiga a exintegrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros similes.

Está investigando 2.524 hechos de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1990 y 2016 contra la población civil.

Incluyen miembros de consejos comunitarios, afrocolombianos, resguardos indígenas, cabildos indígenas, organizaciones indígenas y grupos de víctimas LGT.

Ha considerado informes de 5.000 familias campesinas y organizaciones LGT, así como datos sobre violencia contra comunidades LGT en conflictos armados.

Es la primera vez que un tribunal de justicia recibe informes sobre violencia contra comunidades LGT en un conflicto armado.

Identificó más de 159 hallazgos de desvío de recursos públicos por más de 2.000 millones de pesos destinados a educación, saneamiento y agua potable.

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