Desarrollo rural, políticas públicas y territorios en transformación
27m 20s
La transcripción aborda la defensa de la independencia judicial en España, destacando el papel fundamental de los jueces como garantes del estado de derecho y la democracia. Se cuestiona la crítica al juez María Tardón por posibles sesgos políticos, pero se argumenta que su trayectoria, con sólidos valores de igualdad y derechos humanos, asegura su imparcialidad. Se enfatiza que cualquier declaración que cuestione el papel del juez va más allá del contenido del fallo y ataca directamente la confianza pública en el sistema legal. Se rechaza la idea de que exista politicidad en el ámbito judicial, destacando que los jueces no reciben presiones significativas ni se ven influenciados por intereses partidistas. Se explica que la Audiencia Nacional, con 50 años de historia, es un órgano constitucionalmente necesario para investigar delitos organizados y crímenes internacionales, y que su trabajo contribuye a la paz social y a la seguridad del Estado. Además, se destaca la colaboración entre el poder judicial y el ejecutivo, y se reconoce que el diálogo entre los tres poderes es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Finalmente, se resalta que la crítica a las resoluciones judiciales es legítima y justificada, pero cuando se dirige a la persona o a su independencia, se convierte en una amenaza para el sistema de justicia. El tono general es defensor del sistema judicial, enfatizando que la confianza ciudadana debe protegerse frente a declaraciones políticas que atentan contra el respeto a la separación de poderes.
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Ser potcast.
Juan Manuel Fernández, presidente de la Valencia Nacional. Buenas noches.
Usted entiende que el ministro y el gobierno cuestionan la impartialidad de María Tardón?
No, en absoluto. Con carácter general creo que afirmaciones en esa línea no contribuyen
a la fortaleza del estado derecho. Hoy hemos tenido la apertura del año judicial y tanto la fiscal general
en su discurso como posterioridad, la presidenta de Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
han incidido en este aspecto. El derecho a la crítica a los jueces lo tenemos muy asumidos.
Nos esponemos a ella todos los días porque nuestras resoluciones tienen que ser motivadas.
Motivadas, además de manera, es abusiva con una argumentación que responda a parametros de raza a una habilidad
que no haya, en fin, valoraciones extravagantes, en fin. Estamos acostumbrados a hacer esa exposición y a que esa resolución pueda ser criticada.
Pero una cosa es la crítica a la resolución y otra cuestionar el papel del juez con apelaciones a,
si es independiente, en cualquier caso y concretando en la figura de María Tardón, una juez, una persona excepcional
con una muy amplia trayectoria y una vocación de servicio público, que es de luego no la hacen absoluto merecedora de estas acusaciones.
¿Comprende que pidiera a los policías que no informaran a sus superiores que es algo de lo que está gritigando del gobierno ante una crisis tan importante como la de Ciuta?
Esa petición no hay que hacerla de una manera expresa porque está íncita en la labor policial.
En la regulación que hay en nuestro país de la policía judicial esa reserva se establece para los integrantes de la policía judicial
o para quienes no perteneciendo a una unidad orgánica de policía judicial que las hay específicas en los diferentes cuerpos policiales.
Como digo, quienes no perteneciendo son requeridos por la autoridad fiscal o judicial para realizar un determinado informe.
Cuando esto ocurre, los policías actúan al servicio única y exclusivamente de la autoridad judicial o fiscal.
Sin que puedan informar del contenido de lo que se está investigando a los superiores de quienes dependen orgánica pero no funcionalmente.
O sea, podría haber informado a sus superiores dentro de la policía.
Pueden informar de que está trabajando para un juzgado, para un fiscal pero no al contenido de esta investigación.
¿Qué explicación cree que se conociera que se filtrase el informe que se publicara el informe que estaba solo en manos de la jueza?
Pocas horas antes de que el presidente del gobierno compareciera en el Congreso.
Las filtraciones son un mal, en absoluto son deseables porque además atacan una cuestión fundamental como es la reserva de las actuaciones judiciales.
En el ámbito penal, todas las actuaciones tienen este caráter reservado y por lo tanto no son deseables en absoluto.
Ahora, estoy absolutamente seguro que esta filtración no provino de la juez que lleva a la investigación.
¿Puede una magistrada que fue antes concejal en un gobierno del PP investigar al gobierno de la misma manera que un juez que se haya presentado en las listas del PSOE, por ejemplo, puede investigar al PP?
Aquí no se trata de una investigación que afecta a ningún partido político.
Es una investigación que afecta a intereses generales del Estado, sin que pueda afirmarse que un partido está más comprometido que otro.
Habido muchos casos de jueces que han ido a la política a un vuelto a la judicatura y han realizado su labor con plena independencia e imparcialidad. Y desde luego estamos ante uno de esos casos en la persona de María Tarda.
La única limitación que se produce cuando se da esta circunstancia de un retorno de la vida política a la judicial es que si tiene que llevar algún asunto en el que la imparcialidad o esa apariencia de imparcialidad puede haberse comprometida por esa actuación política anterior, que debe apartarse el caso.
De todos modos ayer en una entrevista en televisión española, el presidente habló en términos absolutamente razonables de la figura de la juez.
Y yo quiero destacar su trayectoria judicial, fundamentalmente, pero una trayectoria también en el ámbito público, defendiendo siempre los valores de la igualdad, los derechos de las mujeres. Y con una actuación muy sobresaliente, en el ámbito de la violencia de género, lo que llevó a que el actual gobierno la distinguiera con el premio a la igualdad.
Definitiva estamos ante una persona que pueda asegurar que su independencia está absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad para llevar la actual investigación también.
¿Se extra le mitó entonces, Oscar Puente, cuando dijo a quien hora 25 que había que cuestionar la imparcialidad de esta magistrada?
No, no es mi papel. Yo creo que hoy, como le decía al principio, lo han dicho tanto la fiscal general del Estado como la presidenta del Tribunal Supremo, cuestionar esa la independencia de los jueces tiene un efecto que es acabar la credibilidad, la confianza que tienen los ciudadanos en sus jueces.
Esto y esto, último término, acaba afectando a los pilares del Estado de derecho, acaba afectando a la democracia misma. Lo dijo hace poco en una visita a España el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se dice que cuando las críticas van más allá del contenido de la resolución, que esas son absolutamente legítimas y se transforman en lo personal.
Cuando son realizadas por personas que tienen responsabilidades públicas, obviamente no es lo mismo. La crítica que puede hacer usted a un juez que la que puede hacer un ministro.
Cuando un ministro crítico como crítico Puente a la jueza Tardón está atacando el Estado de derecho.
Si la crítica va más allá del contenido de la resolución judicial, es una crítica que no responde a esos parámetros que aparecen recogidos también en el informe sobre el Estado de derecho en España y en forma elaborado por la Comisión Europea.
Yo no quiero hacer muchas palabras. No quiero hacer ninguna confrontación, pero es un. Quiero hacer la estración de las declaraciones de un ministro de una persona concreta.
Esta es una situación que se viene dando, que tiene un carácter general y que por lo tanto, creo que debemos reflexionar sobre eso porque no se trata de una cuestión del prestigio personal de el juez.
No se trata de una cuestión corporativa. Se trata de defender las bases de la democracia.
Para que haya democracia tiene que haber un estado de derecho y el estado de derecho es hija la independencia judicial de eso hablamos.
Independencia que no es arbitrariedad, independencia que no es que autosuficiencia, no es que el juez puede hacer lo que le da la gana, no en absoluto.
Independencia porque tiene un carácter instrumental, está al servicio a los ciudadanos.
Tiene que ser independiente porque si no lo es de nada vale las reclamaciones que hagan ante un tribunal de los ciudadanos, acabo.
Pero eso es necesario que los ciudadanos confien en que se voten esa justicia.
Y si la percepción que tienen es de jueces que están.
otros intereses que dependen de intereses partidistas, intereses económicos, pues esa confianza
quibra. Y además, yo le puedo garantizar que eso no es cierto.
Me está diciendo que no hay politización de la justicia en este país.
Efectivamente.
No hay jueces que estén politizados.
Pues le puedo garantizar que la inmensa mayoría somos 5.500 personas, hombres y mujeres
al servicio del poder judicial y le puedo asegurar que la inmensa inmensísima mayoría
de ellos nos estamos en absoluto politizados.
No ve usted ninguna instrucción últimamente en la actualidad que le llame la atención.
No.
¿A qué se refiere con que me da mirar?
Si hay alguna instrucción de algún cosa mediático que le llame la atención.
Cuando me haces esa pregunta. Si desde el punto de vista, estoy preguntando, a usted
que es el presidente de la audiencia nacional, si todas las instrucciones de los tantos casos
mediáticos que estamos viendo y de los que formamos todos los días, y usted es un
buen oyente de radio, hay alguna que desde el punto de vista jurídico le llame la atención.
No, como le he dicho, no, pero si la pregunta lo que creo que es lo admítame, si me corrigue,
bueno, creo interpretarle en sentido que, bueno, es una investigación, una instrucción
que nace o se desarrolla después porque concurren una serie de circunstancias que no tienen
que ver exactamente con la ley o que se trae por los pelos, pero donde el motivo fundamental
es otro, es atender a una finalidad política, el económica o social de terminados grupos.
Entonces en esto ya le digo radicalmente no, esto se viene hablando hace algún tiempo,
se acuñó una expresión, el offer, diciendo que los jueces contribuimos a determinadas
finalidades, bueno, yo le digo radical y tajantemente que esto no es cierto.
Ha dicho Isabel Perello y que descalificar a los jueces es un elemento de presión, ¿no?
Que comentarios como los que hemos abordado aquí en esta conversación suponen un elemento
de presión.
Los jueces son presionados, reciben presiones o se sienten presionados, es decir, cuando,
por ejemplo, vuelvo a lo que pasó, las declaraciones de escarpuente el otro día, entiende
que esto es un elemento como para presionar.
Mire a mí, lo acabo de decir lo que me preocupa no es tanto la presión que el juez
puede recibir.
El juez tiene que ser independiente y también responsable, son dos condiciones fundamentales
de los jueces.
Y esa responsabilidad hace que el juez tiene una alta percepción de su rol constitucional
de cuál es su papel en el estado de derecho.
Y la búsqueda de la verdad, de disternir los hechos, buscar la interpretación adecuada
de la ley, entraña por sí, si es la mayor responsabilidad que hay.
Lo que ocurre por esta afuera, digamos, esas declaraciones, lo que a mí me preocupa no
es tanto el que puedan perturbar el ánimo del juez como la incidencia que pueden tener
en la percepción social, en la confianza de los ciudadanos, en los jueces.
Este sí percebe que la gente cree que hay una politización de la justicia, que hay desconfianza
en la justicia, por parte de la opinión pública.
Enceramente, no es esa la percepción que tengo, pero obviamente me pregunta por algo donde
el sujetivismo pues tiene un carácter muy importante, yo creo que no, usted no sé
lo que cree, pero bueno, explica, no, no, yo no le pedido, no le he hecho una pregunta
quiero decir en la referencia que acabo de hacer es que hay personas que, sin duda,
que irán o por los jueces tan politizados, lo que le quería preguntar, pero es que también
dependerá de los casos pues se pueden mirar con un cristal o con otro.
Pero usted que es presidente de la UNC, cuando la Presidenta al Poder Judicial habla
esta mañana de presiones, son presiones en forma de declaraciones o llaman, si a usted
le hacen llegar mensajes de forma privada, bueno, no sé, si desde el gobierno o desdistitución
es que puedan ser investigadas en la audiencia nacional, eso existe o no?
No.
No.
Bueno, hay declaraciones que se estereoriza recientemente, pues hubo una carta dirigida a la Presidenta
del Consejo Enformada de queja por la actuación de la…
Lo que estaba preocupado, pero bueno, mensajes de son pues…
En el caso de Ceuta, desde el punto de vista de la gente que nos está escuchando, permítame
que vuelva a este asunto que es el que ahora mismo centra la atención pública en este
país.
Puedes explicarnos qué es lo que puede investigar la audiencia nacional, es decir, aquí
lo que tenemos es que hubo esa entrada masiva, pero hasta donde pueden llegar a responsabilidades,
porque ya está dentro de la discusión política, sí, por ejemplo, el otro día, el café
de la oposición dijo que el presidente del gobierno lo pagará también desde un punto
de vista penal, es decir, hasta donde puede derivar, se pueden pedir, exigir responsabilidades,
penales por la gestión política, si esto que dicen los expertos, que es una guerra
híbrida, que es muy difícil encontrar el sujeto ante un caso como este, donde que luz
puede dar, hasta donde puede llegar una investigación judicial e incluso al final, hasta donde
podrían llegar las responsabilidades penales, es que es muy difícil, porque estamos en el
primer momento de la investigación, pero en casos como estos, en los que no parece por
lo menos en los días que llevamos, que se pueda señalar, o por lo menos, el gobierno
lo hace a un culpable directo, tampoco aparece así en los informes, hasta donde puede
llegar una investigación y la exigencia de responsabilidades penales.
En primer lugar, permítame que le ha dicho que donde se están investigando una entrada
masiva, yo en primer lugar, creo decir, están investigando unos hechos que han causado
al menos, al menos 141 muertos, lo cual es un dato escalofriante, bastaría con que fuera
uno, pero hay 141, y donde además se están produciendo una serie de circunstancias derivadas,
pero eso es lo primero, hay 141 personas que perdieron la vida por una entrada que parece,
parece que desde luego no fue spontanea, que hubo alguna forma de coordinación, no lo
sé, digo, parece, pero eso es terrible, es una tragedia terrible, que en esta situación
a veces eso se es olvidado, y eso es un dato fundamental, y en su segundo lugar se ha
producido una entrada irregular, que habrá que tratar de terminar por qué y cómo se produjo.
Y se hace al amparo de unos artículos del código penal, que preven estas situaciones
y en comienda a órganos judiciales, en este caso, a la audiencia nacional, que lleve a cabo
esa investigación, que es lo que va a deparar, sinceramente, no lo sé, y aunque lo supiera
no se lo podría decir, porque eso forma parte de la reserva de la investigación a la
que antes he hecho referencia, y lo voy a hacer especulaciones o conjeturas, pero el que se
está investigando una responsabilidad política es algo que nadie ha dicho, yo no lo voy a
decir desde luego, y por lo tanto, se investiga una entrada masiva irregular de personas que
ha producido unas consecuencias terribles en forma de fallecimientos, y que está afectando
a la vida de una población española, de una manera muy grave. Y los jueces, además
de aclarar los hechos, tratar de determinar la verdad, contribuimos con nuestro trabajo
a la paz social, y creo que esto es un aspecto fundamental.
Hay gente dentro del mundo del derecho, que se pregunta si tiene sentido la continuidad
de un tribunal como la audiencia nacional, que sentido tiene, porque es necesario desde
el punto de vista del derecho, que algunas investigaciones, las que tienen que ver con
el terrorismo con el narcotráfico, tengan un tribunal específico como la audiencia nacional.
La audiencia nacional está a punto de cumplir 50 años, lo cumplirá el próximo 4 de
enero, y la su creación ha sido un hito fundamental, un elemento esencial para la consolidación
del estado de derecho en España. La contribución ha sido decisiva, no solamente
en el ámbito penar. Cuando hablamos de la Unión Nacional, el aspecto penar, criminal
tiene mayor repercusión mediática, pero hay otras dos áreas que son también muy importantes
la sociedad y la contencioso administrativo.
Usted me dice que hay mucha gente que piensa eso. Dependencia de que somos muchos
pocos, las opiniones son respetables, pero son pocos, son pocos. Y desde luego ese elemento
que estuvo, elemento de crítica que estuvo muy presente al principio, porque se decía
que éramos los herederos del tribunal de orden público, de la dictadura, de que no
es cierto, no hubo esa sucesión y también se hijo que éramos un tribunal de excepción
prohibidos por la Constitución. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal
de Europeo, de derechos humanos, dijeron que en absoluto éramos un tribunal de excepción.
Somos un tribunal absolutamente acorde con las exigencias un minuto a cabo, pero es
muy importante, porque no está en el debate de día a día, pero a veces sí es verdad
que sobrevuela y es algo que yo quiero que no haya ninguna duda al respecto. Como
digo, la Constitucionalidad está afuera toda duda, porque hay cosas que solamente desde
un sitio centralizado, está en Madrid, cuando hablamos de centralizado en cualquier sitio,
que desde ahí cordine, porque los efectos de esos delitos se producen en más de un
territorio, en más de una provincia o en más de una comunidad autónoma. Primero elemento
segundo, la criminalidad es organizada tiene una nota fundamental que es su carácter
internacional y para coordinar las actuaciones con los poderes judiciales de otros estados
fundamentalmente, pero no solo en el ámbito de la Unión Europea. Y para la coordinación
con los cuerpos de policía es necesario que haya este órgano centralizado, y acabo
y es más. Imagínese lo que la consideración, la importancia que doy a la audiencia nacional
que hemos pedido desde la sala de gobierno al Consejo, una ampliación de las competencias
que tenemos en materia de crimen organizado y muy fundamentalmente en el tráfico de drogas.
Porque, sin esto, esa batalla contra el narcotráfico, donde está un juego la propia seguridad
del Estado, donde está un juego la propia democracia, es muy peligroso hacerlo. Definitiva
la audiencia nacional, un órgano perfectamente constitucional necesario.
Tenen medios para cada vez vemos como hay más casos de narcotráfico, hay medios suficientes
y están protegidas las personas que investigan y que luchan contra narcotráfico de forma suficiente
a la audiencia nacional.
El año que viene va a entrar en funcionamiento diversos plazas, quiero agradecer el esfuerzo
que yo supone tanto al Consejo como al Ministerio que han ampliado la planta judicial,
va a haber dos jueces centrales más, va a haber más jueces en lo penal y obviamente,
si se produce esa ampliación de competencias, vamos a necesitar más jueces y más fiscales.
Pero ese es el camino. Esa es el camino. La idea de la audiencia nacional, un órgano
de similares características se ha creado en otros países, Francia lo está llevando
a cabo, Italia tiene una fiscalía especial contra la mofía y bueno, ese es el camino.
Efectivamente nos van a hacer falta más medios, pero no podemos dejar de tomar la ruta
buena, el camino bueno por la falta de medios, donde hay más como digo, en este sentido
tanto el Consejo como el Ministerio están entendiendo estas necesidades.
Entonces me quedo con la idea que no hay un enfrentamiento entre los jueces y el gobierno
en este país.
Tenemos una colaboración con el audiencia nacional depende en sus aspectos prestacionales
del Ministerio de Justicia y más allá de las reclamaciones, lo propio de la negociación,
se ha hecho ahora la implantación del nuevo modelo organizativo y se ha hecho condiciones
razonables dentro de que hoy también se ha puesto de manifisto la justicia, tiene
un proceso de modernización que no está concluso, tenemos carencias importantes que
hay que susanar, vivos en una democracia, en un estado derecho, donde los tres poderes
están en una situación de igualdad, poderes que aunque tienen sus ámbitos respectivos
de competencia tienen que hablar, deben hablar y nosotros lo hacemos y ese ofrecimiento
está siempre permitido, igual que hablamos con el legislativo cuando le decimos al Tribunal
Constitucional o al Tribunal. A veces los jueces le dicen cosas a los legisladores en sus sentencias, eso es verdad.
O plantea no cuestiones de Constitucionalidad, o diciéndole al tejué, mire, esta norma
es conforme a la regulación comunitaria, es un diálogo.
Pero eso le podría decir, esta tarde por ejemplo, cuando ha aparecido el argumento del
supremo, de por qué anula la idea de nietos, cuando lo gobernó criticando.
No, no, no.
La explicación de esta medida cautela y los argumentos del supremo y luego salgo para
criticarlo, eso es hablar también.
Le he dicho que las resoluciones judiciales se pueden criticar, cuestión distinta, habría
sido que no está medida cautela, la toma no, porque no les gusta el gobierno, son cosas
muy distintas.
Y una cosa es una medida cautela y otra una resolución de fondo, no sé lo que va a pasar
evidentemente, pero bueno, pues paso a paso.
Javán El Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, le agradezco su tiempo, muchas
gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
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Podcast Summary
Key Points:
La independencia judicial es fundamental para el estado de derecho y la democracia, y cualquier crítica que trascienda el contenido de una resolución judicial ataca la confianza del ciudadano en el sistema judicial.
María Tardón, juez con amplia trayectoria y vocación de servicio público, no ha mostrado signos de politicidad, y su independencia y imparcialidad en la investigación actual son totales y respaldadas por su historial profesional.
La filtración de informes judiciales es un acto contrario al principio de reserva de actuaciones, y no proviene de la propia jueza, siendo un hecho que atenta contra la credibilidad del sistema jurídico y la legitimidad de los procesos.
Summary:
La transcripción aborda la defensa de la independencia judicial en España, destacando el papel fundamental de los jueces como garantes del estado de derecho y la democracia. Se cuestiona la crítica al juez María Tardón por posibles sesgos políticos, pero se argumenta que su trayectoria, con sólidos valores de igualdad y derechos humanos, asegura su imparcialidad. Se enfatiza que cualquier declaración que cuestione el papel del juez va más allá del contenido del fallo y ataca directamente la confianza pública en el sistema legal.
Se rechaza la idea de que exista politicidad en el ámbito judicial, destacando que los jueces no reciben presiones significativas ni se ven influenciados por intereses partidistas. Se explica que la Audiencia Nacional, con 50 años de historia, es un órgano constitucionalmente necesario para investigar delitos organizados y crímenes internacionales, y que su trabajo contribuye a la paz social y a la seguridad del Estado. Además, se destaca la colaboración entre el poder judicial y el ejecutivo, y se reconoce que el diálogo entre los tres poderes es esencial para el buen funcionamiento de la democracia.
Finalmente, se resalta que la crítica a las resoluciones judiciales es legítima y justificada, pero cuando se dirige a la persona o a su independencia, se convierte en una amenaza para el sistema de justicia. El tono general es defensor del sistema judicial, enfatizando que la confianza ciudadana debe protegerse frente a declaraciones políticas que atentan contra el respeto a la separación de poderes.
FAQs
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Se afirma que la independencia judicial es fundamental para el estado de derecho, y que María Tardón, con su trayectoria profesional y compromiso público, es una persona independiente y imparcial en su labor.
Sí, las decisiones judiciales pueden ser criticadas, pero no se debe atacar la independencia del juez ni cuestionar su papel en el Estado de Derecho, ya que eso afecta la confianza democrática.
Es un órgano constitucionalmente válido y esencial para investigar delitos organizados, crímenes internacionales y situaciones de riesgo para la seguridad nacional, como el narcotráfico o entradas masivas.
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